Qué es la Ley 23
La Ley 23 de 2015 es la norma marco de Panamá que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM). Establece el régimen de cumplimiento que deben seguir determinadas empresas y profesionales, alineando al país con los estándares internacionales del GAFI.
En la práctica, traduce esos estándares en obligaciones concretas: conocer con quién se hace negocios, evaluar su riesgo, reportar lo sospechoso y conservar evidencia de todo el proceso.
Qué busca prevenir
La ley apunta a evitar que las empresas sean utilizadas —de forma consciente o no— como vehículo para mover dinero de origen ilícito o financiar actividades prohibidas. Sus tres focos son:
- Blanqueo de capitales: dar apariencia de legalidad a fondos de origen delictivo.
- Financiamiento del terrorismo: proveer recursos a actividades terroristas.
- Financiamiento de la proliferación: financiar armas de destrucción masiva.
A quién aplica
La Ley 23 alcanza tanto a sujetos del sector financiero como a un amplio grupo de actividades no financieras. De forma general:
- Sujetos obligados financieros: bancos, aseguradoras, casas de valores, cooperativas y otros supervisados por los reguladores del sistema financiero.
- Sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales: abogados, contadores, notarios, casinos y salas de juego, promotoras y agentes de bienes raíces, zonas francas, comerciantes de metales y piedras preciosas, empresas fiduciarias, entre otros.
¿Tu actividad está en la lista? Revisa con más detalle quiénes son sujetos obligados no financieros y qué deben hacer.
Principales obligaciones
Aunque el alcance varía según el tipo de sujeto, las obligaciones suelen incluir:
- Debida diligencia del cliente (DDC): identificar y verificar a clientes y a su beneficiario final.
- Verificación contra listas y PEP: cruzar a las personas y empresas con listas de sanciones y con personas expuestas políticamente.
- Enfoque basado en riesgo: clasificar a cada relación y aplicar debida diligencia ampliada cuando el riesgo es mayor.
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS): informar a la UAF cuando corresponda.
- Conservación de registros: mantener la evidencia de la debida diligencia por el plazo que exige la norma.
- Programa de cumplimiento: políticas, manual y, según el caso, un oficial de cumplimiento.
Supervisión y la UAF
El cumplimiento es vigilado por distintos organismos de supervisión según el sector. En el caso de los sujetos no financieros existe una intendencia especializada. Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la unidad de inteligencia financiera que recibe y analiza los reportes de operaciones sospechosas; no supervisa ni sanciona directamente, sino que produce inteligencia para las autoridades competentes.
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Este contenido es informativo y no constituye asesoría legal. La interpretación y el alcance de la Ley 23 de 2015 y su reglamentación pueden actualizarse; consulta el texto oficial en la Gaceta Oficial y a un profesional para tu caso concreto.